En una muestra de equilibrio discursivo que roza la contradicción, el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, enfrentó los micrófonos tras una noche de máxima tensión en la Jefatura de Rosario. Su mensaje fue una mezcla de «caricia y látigo»: mientras calificaba el reclamo salarial de los policías como «legítimo y atendible», la respuesta institucional fue el pase a disponibilidad y el inicio de sumarios administrativos.
La legitimidad que no llena el tanque
El nudo del conflicto radica en la brecha entre el éxito que el Gobierno se adjudica en la baja de índices delictivos y la situación económica de quienes ejecutan ese plan en la calle. Cococcioni admitió que «falta mucho todavía para el bienestar de las fuerzas de seguridad», una confesión que, en los hechos, funciona como una validación de la bronca que desbordó los portones de la Jefatura de la URII.
Sin embargo, el reconocimiento quedó solo en el plano retórico. Al ser consultado por una mejora en el básico, la respuesta fue la derivación técnica: la policía sigue atada a la paritaria general de la administración pública. Para el efectivo que debe costear sus traslados y mantener a su familia, el «suplemento por zona de vacancia» o el «pago por kilómetro» parecen parches insuficientes ante un básico que consideran de subsistencia.
Disciplinar ante la falta de presupuesto
La estrategia oficial para contener el descontento no fue una propuesta superadora, sino la demostración de autoridad. El despliegue de la Infantería para custodiar los ingresos de la propia Jefatura y la identificación de 20 efectivos para ser retirados del servicio activo marcan una hoja de ruta clara: el Gobierno está dispuesto a admitir que paga mal, pero no a que se le cuestione el mando.
»Nosotros somos los primeros en destacar los problemas del personal de la policía… pero no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública», sentenció el ministro.
Esta frase resume la encrucijada del uniformado santafesino: se le pide ser el engranaje de una «política de seguridad exitosa» y se le exige un profesionalismo extremo, mientras el propio Estado que le confía el arma reconoce que sus condiciones de vida son, al menos, deficitarias.
Un éxito con pies de barro
Si bien los indicadores de violencia han bajado en Rosario, el conflicto de anoche demuestra que esa paz tiene un costo que el personal policial ya no parece estar dispuesto a financiar con su propio bolsillo. La gestión de Maximiliano Pullaro enfrenta hoy su desafío más complejo: sostener el orden público con una fuerza que escucha que su reclamo es «justo», pero que su bolsillo sigue bajo un estricto programa de ajuste estatal.
