9 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Desde sus cimientos como nación independiente, la República Argentina ha luchado contra una sombra persistente en su administración: la corrupción. Este fenómeno, que afecta la confianza institucional y desvía recursos vitales, no ha respetado facciones políticas, gobiernos civiles ni regímenes militares, demostrando ser un mal endémico con raíces profundas en la historia del Estado.
En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, repasamos las épocas y los escándalos que definieron la deshonestidad gubernamental, involucrando a funcionarios de todos los colores políticos.
Siglo XIX: Los Cimientos del Nepotismo y la Especulación
La corrupción no es un fenómeno moderno. En los albores de la República, ya existían prácticas controvertidas. El gobierno de Bernardino Rivadavia (1826-1827), por ejemplo, fue señalado por el controvertido Empréstito Baring Brothers y la concesión de minas a empresas extranjeras.
No obstante, la primera gran crisis que expuso la corrupción sistémica fue la que llevó a la caída del presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890). La crisis de 1890 fue el resultado de una desenfrenada especulación financiera y de la distribución arbitraria de tierras y concesiones, revelando un sistema donde la función pública se confundía con el enriquecimiento personal.
El Siglo XX: De la Década Infame a la Hegemonía del Estado
La «Década Infame» (1930-1943)
Tras el golpe de 1930, la corrupción se institucionalizó. El escándalo más resonante fue el de la CHADE/CADE (Compañía Argentina de Electricidad), una trama de coimas y sobornos para lograr la prórroga de concesiones de servicios eléctricos en Buenos Aires, involucrando a funcionarios de gobiernos como el de Agustín P. Justo. Este caso se convirtió en el paradigma de la articulación entre el poder económico y la política.
El Primer Peronismo y el Control Estatal (1946-1955)
Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, las denuncias se enfocaron principalmente en el uso discrecional de las herramientas estatales y el manejo de fondos públicos a través de organismos clave. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), un ente estatal que monopolizaba el comercio exterior, fue un foco de recurrentes denuncias por el manejo opaco de sus recursos y presunto direccionamiento de negocios.
Aunque Perón y su entorno fueron objeto de múltiples acusaciones de enriquecimiento ilícito tras su derrocamiento en 1955 (incluyendo causas de contrabando y malversación), la mayoría de ellas se inscribieron en el marco de la persecución política de la época y fueron revertidas o prescribieron posteriormente. Sin embargo, el período sentó un precedente en el debate sobre la falta de transparencia en la gestión de vastas empresas y recursos del Estado.
Los Regímenes Militares y la Deuda (1966-1983)
Las dictaduras militares, caracterizadas por la ausencia de control institucional y la disolución del Congreso, concentraron la corrupción en el manejo de las finanzas públicas y el endeudamiento. Durante la última dictadura (1976-1983), se disparó la deuda externa, gran parte de la cual se contrajo de manera irregular o fue estatizada (como la estatización de la deuda privada), beneficiando a grupos económicos y financieros específicos.
Otros casos relevantes durante la dictadura incluyeron sobreprecios en compras de equipos militares y la venta fraudulenta de empresas públicas intervenidas, lo que se consolidó como parte de un mecanismo de transferencia de riqueza del Estado a manos privadas con el aval militar.
Los Años 90 y las Privatizaciones
Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), la oleada de privatizaciones masivas generó numerosos escándalos de presunto desvío de fondos y sobreprecios. Entre los casos más notorios se encuentran el Swiftgate y la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por el cual el expresidente Menem llegó a ser juzgado, aunque fue absuelto o sobreseído por distintas instancias judiciales.
Una de las figuras emblemáticas condenadas en esta etapa fue María Julia Alsogaray, exsecretaria de Recursos Naturales, quien fue la primera mujer funcionaria pública en ser condenada a prisión efectiva por enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado.
El Siglo XXI: La Corrupción como Mecanismo de Financiamiento Político
El período de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) fue el más prolífico en investigaciones por presunta corrupción estructural. La Justicia ha avanzado en múltiples expedientes que investigan el direccionamiento de la obra pública a favor de empresarios vinculados al poder, como Lázaro Báez, así como causas por enriquecimiento ilícito, como Hotesur y Los Sauces.
Entre los principales exfuncionarios condenados o investigados con sentencias firmes o en proceso judicial, se destacan:
Julio De Vido: Exministro de Planificación Federal, condenado en varias causas (como la tragedia de Once y la de Río Turbio) e investigado en decenas de expedientes.
Ricardo Jaime: Exsecretario de Transporte, condenado por dádivas e irregularidades en la compra de trenes.
Amado Boudou: Exvicepresidente, condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone.
Cristina Fernández de Kirchner: La expresidenta enfrenta múltiples juicios, siendo condenada en 2022 en la causa de Vialidad (obra pública), aunque su condena está en proceso de revisión por instancias superiores.
Posteriormente, el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) también estuvo en el foco de la Justicia, con investigaciones por presuntas irregularidades en el Correo Argentino, el Parque Eólico de Dock Sud, y la mesa judicial que investigó supuestas maniobras de espionaje y extorsión, causas que involucraron a exfuncionarios y allegados.
La Actualidad: Gobierno de Javier Milei (2023-Presente)
El gobierno actual, asumido en diciembre de 2023, ha enfrentado diversas denuncias públicas y algunas investigaciones judiciales en sus primeros meses de gestión. Es crucial destacar que, dada la reciente asunción, estos casos se encuentran en etapas iniciales de investigación o son objeto de debate público y no han resultado en condenas firmes.
Figuras que han sido objeto de denuncias o controversias por presuntas faltas éticas o irregularidades contractuales incluyen:
Sandra Pettovello: Exministra de Capital Humano, cuyo entorno fue investigado por presuntas irregularidades en contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el pago de personal. Estas denuncias llevaron a la renuncia de varios funcionarios de su órbita.
Karina Milei: Secretaria General de la Presidencia. Su designación generó debate y controversia por la derogación de un decreto previo que impedía nombrar familiares de funcionarios con rango ministerial, lo que planteó interrogantes sobre nepotismo y ética pública en el inicio de la gestión.
Carlos Guberman: Exsecretario de Integración Socio-Urbana (dependiente de Capital Humano), denunciado por supuestos conflictos de interés relacionados con la compra de propiedades.
Además de las figuras del Ejecutivo, el Congreso ha sido escenario de cuestionamientos éticos. El senador Eduardo Kueider enfrentó críticas por su cambio de postura en votaciones clave (como el DNU), generando controversia sobre la transparencia y el financiamiento político. Por su parte, la diputada Lorena Villaverde fue objeto de controversia por denuncias internas relacionadas con la gestión de personal y la ética en su bloque, sumado a la polémica por un antecedente judicial en Estados Unidos en 2002, donde fue detenida en el marco de una causa de presunto narcomenudeo y tráfico de cocaína, hecho que ella ha negado.
La corrupción en Argentina, transversal a todos los períodos, subraya la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control, la transparencia pública y la independencia judicial para que el lema del Día Internacional contra la Corrupción deje de ser un mero recordatorio y se convierta en una realidad.
