Tierras en disputa: el debate por la extranjerización y el impacto ambiental tras el avance contra las leyes de protección
El inicio de 2026 consolida una profunda transformación en la gestión del territorio argentino. Tras la desregulación iniciada con el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras (Nº 26.737), el Gobierno Nacional ha avanzado con nuevas propuestas legislativas que buscan flexibilizar normativas clave para la conservación ambiental y el control de la soberanía territorial.
El fin de los límites a la extranjerización
La derogación de la Ley de Tierras eliminó el tope del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional y provincial, así como la prohibición de adquirir tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura o que se encuentren en zonas de seguridad de frontera. Aunque sectores judiciales intentaron frenar esta medida por posibles lesiones a la soberanía, el oficialismo ha mantenido su postura de liberar el mercado de tierras rurales para atraer inversiones internacionales, considerándola un «estorbo al desarrollo».
Bosques y Manejo del Fuego: ¿Especulación sobre tierra arrasada?
En diciembre de 2025 y enero de 2026, el debate se centró en las reformas impulsadas por el Consejo de Mayo. Estas iniciativas proponen:
Modificación de la Ley de Bosques (26.331): Permite desmontes sin evaluación ambiental previa en determinadas zonas y flexibiliza el cambio de uso del suelo tras incendios forestales.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego: Busca eliminar la prohibición de realizar negocios inmobiliarios o cambios en la actividad productiva de terrenos quemados por un periodo de 30 a 60 años.
Organizaciones ambientales y legisladores de la oposición advierten que estas medidas fomentan la especulación inmobiliaria, permitiendo que tierras arrasadas por el fuego sean rápidamente valorizadas para proyectos turísticos, forestales o agrícolas, especialmente en zonas críticas como la Patagonia.
Desfinanciamiento y crisis ambiental
El escenario se agrava con el recorte presupuestario. Reportes de enero de 2026 indican que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha sufrido una caída real en su presupuesto de más del 70% en los últimos años. Mientras el Gobierno defiende la desregulación como una vía para la eficiencia económica, expertos alertan sobre un «retroceso legal sin precedentes» que pone en riesgo la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país.
La tensión entre el modelo de desarrollo basado en la inversión extranjera y la protección de los recursos naturales marcará, sin duda, la agenda política y judicial del resto del año.
