Cada 29 de enero, el mundo celebra el ingenio del Día del Rompecabezas. Pero en Villa Gobernador Gálvez (VGG), la imagen de la caja no coincide con las piezas que hay adentro. Aquí, el desafío no es la falta de gestión, sino una cultura de la desobediencia que ha echado raíces tan profundas que el desorden ya no se padece: se ejerce.
Gobernar VGG es, para muchos, intentar armar un cuadro con piezas que se niegan a encajar. Existe en la ciudad una idiosincrasia forjada en la periferia que ha mutado en una resistencia alérgica a la norma. La anomia no bajó de un decreto, sino que subió de la calle. Se percibe en el tránsito selvático, en la naturalización de las conexiones clandestinas y en un desprecio por el espacio público que lo reduce a «tierra de nadie».
Como señala un análisis sobre la realidad de la ciudad, VGG es la cara y contracara de una ciudad industrial con pies de barro, donde el esfuerzo del trabajador convive con una pasividad social que permite que el entorno se degrade. La población parece haber aceptado que vivir en el caos es parte de la identidad local.
En este escenario, la dirigencia política ha optado por el camino del menor esfuerzo: administrar el desorden en lugar de combatirlo. El gobernante de VGG sabe que aplicar la ley con rigor es, en términos electorales, un suicidio político en una sociedad que percibe el límite como una agresión.
La frase «una de las ciudades más difíciles de gobernar del país» se usa como escudo para justificar la inacción. Si la población no exige orden porque se beneficia de la informalidad, el Estado se retira, dejando un vacío que no ocupa la libertad, sino la degradación. La anomia no es aquí una ausencia de reglas, sino una regla en sí misma: la de que cada pieza del rompecabezas puede estar donde quiera, aunque el cuadro final sea una mancha irreconocible.
El rompecabezas de Gálvez está roto no porque falten piezas, sino porque sus componentes —gobernados y gobernantes— han decidido que es más cómodo vivir entre los escombros que someterse al esfuerzo de la organización. Mientras la sociedad siga viendo en el cumplimiento de la norma una carga y no un derecho, la ciudad seguirá siendo ese experimento social donde la convivencia es un accidente y el progreso, un milagro que nunca llega.
El rompecabezas no se rompió solo; hubo manos expertas en desarmarlo. Esa «resistencia cultural» de la que hablamos no es una generación espontánea, sino el subproducto de décadas de clientelismo y protección política que moldearon una ciudadanía a imagen y semejanza de sus caudillos.
Si hoy el ciudadano de Villa Gobernador Gálvez siente que la ley es una sugerencia opcional, es porque durante años los «nombres y apellidos» que ocuparon el sillón municipal enseñaron que el favor personal vale más que el derecho institucional. En VGG, la política no se usó para urbanizar la mente del ciudadano, sino para domesticar su necesidad.
El caudillismo como escuela se consolidó en un modelo donde el Estado era un benefactor discrecional. Cuando el orden se reemplaza por el «arreglo», la población aprende que no necesita ser un ciudadano, sino un cliente.
Los gobernantes actuales, heredan y perpetúan el discurso de que la ciudad es indomable. Es la coartada perfecta: si la ciudad es «imposible», nadie puede culparlos por no intentarlo.
La falta de infraestructura básica en barrios que son la cara y contracara del progreso no es un error de cálculo. Es el resultado de décadas de gobernantes que prefirieron el asfalto electoral de última hora sobre la planificación estructural que realmente ordena una sociedad.
En este Día del Rompecabezas, queda claro que en Gálvez las piezas tienen dueños. La anomia social es el triunfo de una clase política que descubrió que es mucho más fácil pastorear el caos que educar en el orden. El «que cumple pierde» no es un refrán local, es el contrato social que esos nombres y apellidos firmaron con la gente para perpetuarse en el poder.
