¿Es una carga pública? ¿Un ciudadano puede negarse? ¿Quiénes pueden ser jurados? ¿Qué ocurre con el trabajo de una persona que es convocada? ¿Qué seguridad tiene antes, durante y después de participar de un juicio?
Estos fueron algunos de los interrogantes que formaron parte de la charla sobre Juicio por Jurados en la provincia de Santa Fe, organizada por la Fundación 2124, que se llevó a cabo en el primer piso de la Asociación de Comercio e Industria.
El encuentro permitió acercar a los vecinos a un mecanismo que representa un cambio importante en la relación entre la ciudadanía y la Justicia: la posibilidad de que ciudadanos comunes sean convocados para integrar un tribunal y participar en la decisión sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona acusada de determinados delitos.
¿ES UNA CARGA PÚBLICA?
Uno de los principales interrogantes planteados durante el encuentro fue precisamente éste.
En Santa Fe, la función de jurado constituye un derecho y también una carga pública. Es decir, quien resulta convocado no puede simplemente rechazar la designación porque no desea participar.
La legislación contempla, sin embargo, distintas situaciones que permiten solicitar una excusación o dispensa.
Entre ellas existe una particularmente clara: las personas mayores de 70 años deben ser dispensadas si solicitan no desempeñarse como jurados.
¿QUIÉN PUEDE SER JURADO?
La normativa santafesina establece que pueden ser convocados ciudadanos argentinos, o naturalizados con determinados requisitos, que tengan entre 18 y 75 años, sepan leer y escribir, comprendan y hablen el idioma nacional, gocen de sus derechos políticos y tengan domicilio y residencia durante al menos dos años en la circunscripción judicial correspondiente.
También existen numerosas incompatibilidades e inhabilidades para quienes desempeñan determinadas funciones públicas, judiciales, profesionales o vinculadas con las fuerzas de seguridad, entre otras.
¿LOS 12 JURADOS SON ELEGIDOS AL AZAR?
El sistema contempla un proceso de selección.
Para cada juicio se realiza un sorteo de potenciales jurados y luego se desarrolla una audiencia en la que las partes pueden formular preguntas y plantear objeciones respecto de los candidatos.
Finalmente se conforma un tribunal integrado por 12 jurados titulares y, como mínimo, dos suplentes, procurando además la paridad entre mujeres y varones.
El juez tiene a su cargo la conducción del juicio y explica al jurado las normas jurídicas que debe aplicar. Los jurados, por su parte, deben analizar las pruebas producidas durante el debate y deliberar para llegar a un veredicto.
UNA DE LAS PREOCUPACIONES: EL TRABAJO
¿Qué pasa si el ciudadano convocado trabaja?
Esta fue otra de las cuestiones que despiertan preocupación.
La legislación establece mecanismos destinados a proteger la situación laboral del jurado. El empleador debe conservar el puesto de trabajo mientras la persona desempeña la función, manteniendo sus derechos laborales.
Además, la normativa contempla una compensación económica para los jurados y el reconocimiento de determinados gastos vinculados con su participación.
La intención es que cumplir con una función pública no implique para el ciudadano tener que elegir entre colaborar con la Justicia o conservar su trabajo.
¿QUÉ PASA CON LA SEGURIDAD DEL JURADO?
Quizás uno de los aspectos que generan mayor inquietud es la seguridad.
¿Qué sucede cuando el juicio involucra delitos graves, personas peligrosas o casos que tienen una fuerte repercusión pública?
La legislación contempla medidas especiales cuando las circunstancias lo requieren, incluyendo restricciones de contacto con terceros y medios de comunicación y, en determinadas situaciones, medidas de alojamiento y protección.
Pero el interrogante que queda abierto —y que resulta especialmente sensible en ciudades donde todos pueden conocerse— es qué sucede con el jurado una vez terminado el juicio y qué mecanismos existen ante eventuales amenazas, presiones o represalias.
¿DEBEN SER VECINOS DE LA MISMA CIUDAD?
Otro de los temas abordados fue el lugar de residencia.
Los jurados deben reunir determinados requisitos de domicilio y residencia dentro de la circunscripción judicial correspondiente. Esto no significa necesariamente que los doce integrantes deban vivir en la misma ciudad donde ocurrió el hecho.
La propia legislación contempla además la posibilidad de trasladar un juicio a otra circunscripción cuando existan circunstancias que puedan afectar la posibilidad de contar con un jurado imparcial.
LA RESPONSABILIDAD DE SER JURADO
Más allá de los aspectos técnicos, la implementación del Juicio por Jurados plantea una cuestión de fondo.
Por primera vez, para determinados procesos penales, ciudadanos comunes pueden encontrarse frente a la responsabilidad de escuchar testimonios, analizar pruebas y decidir sobre una cuestión que puede cambiar definitivamente la vida de otra persona.
No se trata solamente de ocupar una silla dentro de una sala de audiencias.
Se trata de deliberar y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado, respetando las instrucciones impartidas por el juez y basándose exclusivamente en la prueba presentada durante el juicio.
Por eso, la charla organizada por la Fundación 2124 dejó planteada una serie de preguntas que exceden lo estrictamente jurídico y que tienen que ver directamente con la ciudadanía.
El Juicio por Jurados ya es una realidad en Santa Fe. Y conocer cómo funciona no es una cuestión reservada exclusivamente a abogados, jueces o especialistas.
Porque el próximo jurado puede ser un ciudadano cualquiera. Puede ser un vecino. Puede ser, incluso, alguien que hoy todavía no sabe que alguna vez podría ser convocado para participar de una decisión trascendental de la Justicia.
