A poco más de dos años de la asunción de Javier Milei, el sistema previsional argentino exhibe una realidad fragmentada. Mientras que la actualización mensual por IPC permitió una recuperación real del 10,5% en los haberes medios y altos, la jubilación mínima sufrió una caída del 16,8% debido al congelamiento crónico del bono extraordinario.
El cierre del primer bienio de gestión deja un saldo contradictorio para los jubilados argentinos. El esquema implementado mediante el DNU 274/2024 logró indexar los haberes de manera directa a la inflación, eliminando el rezago trimestral de la ley anterior. Sin embargo, esta protección no fue igual para todos.
Para quienes perciben la jubilación mínima, el escenario es de retroceso. El bono de $70.000, que en marzo de 2024 representaba un refuerzo significativo, ha perdido gran parte de su valor real al no haber sido actualizado en casi dos años. Esta decisión administrativa ha provocado que el poder de compra de este sector se ubique casi 17 puntos por debajo de los niveles de finales de 2023.
En la otra vereda, los jubilados con ingresos superiores (que no cobran bono) han logrado «empatar» e incluso superar levemente la carrera contra los precios. Al recibir aumentos proporcionales a la inflación sobre el total de su haber, este segmento ha recuperado terreno tras el fuerte salto inflacionario de los meses de transición.
Finalmente, la comparación técnica sigue siendo objeto de debate: si se hubiera mantenido la fórmula de la gestión anterior, los haberes actuales deberían ser un 27,4% superiores, dejando en evidencia que, aunque la inflación bajó, el punto de partida de la nueva movilidad consolidó una pérdida estructural en el sistema.
