Un reciente informe trimestral elevado por la Oficina de Atención Ciudadana y Acceso a Derechos al Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Nicolás Ramírez, revela un panorama crítico sobre la situación socioeconómica de la ciudad. El documento advierte sobre un aumento sostenido en la concurrencia de vecinos que buscan asistencia frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de las políticas públicas nacionales.
La Crisis en Cifras: Consumo y Finanzas
Uno de los pilares del informe se centra en la defensa del consumidor. A través de la Ventanilla Única Federal (VUF), la oficina gestiona actualmente 119 reclamos, de los cuales solo 24 han logrado un cierre definitivo, permaneciendo el resto en etapa de mediación.
Entidades Bancarias: El «Nuevo Banco de Santa Fe» encabeza las quejas por publicidad engañosa y débitos automáticos no autorizados que vacían las cuentas de jubilados y empleados públicos.
Tarjetas y Estafas: Se registran numerosos casos de consumos desconocidos en tarjetas como Cencosud y Visa, además de estafas por robo de datos en la plataforma Mercado Pago.
Garantías: Comercios locales de electrodomésticos persisten en incumplir la responsabilidad solidaria sobre garantías de productos, afectando los derechos básicos de los compradores.
El Rostro Social de la Demanda
Más allá de lo administrativo, la oficina se ha transformado en un espacio de contención emocional para familias en situaciones límite.
«La oficina constituye no solo como un espacio de gestión, sino también un ámbito de escucha, contención y orientación frente a la ausencia o debilitamiento de otras instancias estatales».
El informe destaca que la mayoría de quienes asisten son mujeres, lo que evidencia una desigualdad de género estructural que se profundiza en este contexto de crisis. Entre las problemáticas más recurrentes se encuentran:
Casos de violencia de género e intrafamiliar.
Conflictos por cuotas alimentarias y divorcios (con picos de consultas los lunes).
Situaciones de salud mental y consumo problemático de sustancias.
Emergencia Tarifaria: Vecinos que históricamente cumplen con sus pagos manifiestan «angustia» ante facturas de luz imposibles de costear con sus ingresos actuales.
La coordinadora de la oficina, Natalia V. Martínez, subraya que el aumento de la demanda no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de políticas de ajuste del Estado nacional. Ante la falta de recursos directos para resolver todos los casos, la oficina actúa como un puente, articulando con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Recomendaciones finales del informe:
Territorialidad: Salir a la comunidad para difundir derechos, bajo la premisa de que «un derecho que no se conoce, es un derecho que se pierde».
Recursos: Fortalecer estos espacios con mayor presupuesto y articulación interinstitucional para abordar los problemas de forma estructural y no solo coyuntural.
El documento cierra con un llamado a una reunión formal con los ediles para debatir el rumbo a seguir en un escenario de creciente vulnerabilidad social.
