Existe una contradicción ética insalvable en la postura de la concejala Pamela Moro.
Mientras utiliza un discurso de justicia social para reclamar obras locales, convalida con su silencio y su voto el abandono de los ciudadanos más vulnerables a nivel nacional.
El reclamo local: El «derecho» de quien paga
Moro exigió recientemente al Ejecutivo Municipal bacheo e iluminación con «urgencia», vinculando estas obras directamente con la seguridad. Sostuvo que «todas las personas necesitamos tener los mismos derechos» y que los vecinos «no pueden esperar más» después de años de gestión.
La contradicción: El rechazo a la emergencia en discapacidad
Sin embargo, esta defensa de los derechos se desmorona al analizar su postura frente al Expediente Nº 9118-2026. Al no acompañar el repudio al incumplimiento de la Ley de Discapacidad por parte del Gobierno Nacional, Moro valida situaciones críticas:
- Incumplimiento de la Ley: El Ejecutivo Nacional se negó a reglamentar y cumplir una ley ratificada por dos tercios del Congreso.
- Violación de Derechos Humanos: El ajuste en el sector limita el acceso a servicios esenciales y a una vida digna para personas con discapacidad.
- Desfinanciamiento de Prestadores: La falta de pago pone en riesgo la continuidad de centros de día y talleres protegidos.
- Corrupción e Impunidad: El documento señala graves sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025, involucrando desvío de fondos.
Conclusión
Para la concejala Moro, los derechos parecen ser selectivos. Es inadmisible clamar por la urgencia de un foco de luz en una esquina y, simultáneamente, dar la espalda al cierre de instituciones que garantizan la supervivencia de las personas con discapacidad. No se puede exigir el cumplimiento de la ley a nivel municipal mientras se convalidan atropellos institucionales a nivel nacional. Las discapacidades no son una variable de ajuste.
