Villa Gobernador Gálvez ha vuelto a quedar fracturada. Un nuevo descarrilamiento al atardecer del lunes de las formaciones pertenecientes a las empresas NCA y Ferroexpreso Pampeano, paralizó el corazón de la ciudad durante más de una hora, dejando en evidencia una realidad que los vecinos padecen hace décadas: estamos sitiados por el hierro y el olvido.
El bloqueo en el estratégico cruce de la calle Mosconi no fue un simple «percance técnico». Fue un muro infranqueable que cortó el flujo vital de la región de norte a sur. Mientras los vagones permanecían inmóviles sobre los rieles, la ciudad se convertía en una trampa de cemento y bocinas.
La gravedad de este hecho no radica solo en la demora de quienes van o vienen de trabajar. El verdadero peligro reside en la vulnerabilidad extrema a la que se somete a la población. ¿Qué sucede cuando una ambulancia, un patrullero o una dotación de bomberos queda del lado equivocado de la vía? Ayer, los servicios de emergencia se vieron obligados a buscar pasos alternativos, perdiendo minutos de oro que, en situaciones de vida o muerte, son irreparables.
Incluso los peatones, habitantes de la zona que simplemente necesitan cruzar a pie hacia el otro lado de la ciudad, se encuentran con un obstáculo insalvable que los obliga a maniobras peligrosas o rodeos extenuantes.
Décadas de inoperancia
Este escenario no es una excepción, es la norma. El problema de los descarrilamientos y el mal estado de las vías en Villa Gobernador Gálvez se arrastra desde hace décadas. Sin embargo, año tras año, gestión tras gestión, la solución de fondo brilla por su ausencia.
La exigencia de un soterramiento o de pasos aéreos no es un capricho urbanístico; es una necesidad básica de seguridad. Pero mientras las empresas ferroviarias priorizan sus ganancias sobre la seguridad vial y los gobiernos de turno se limitan a «gestiones» de oficina que nunca llegan al territorio, los galvenses seguimos poniendo el cuerpo ante cada accidente.
Basta de parches
Permitir que el tren siga dividiendo a la ciudad es aceptar que Villa Gobernador Gálvez es una ciudad de segunda categoría. La falta de inversión de las concesionarias es escandalosa, pero la inoperancia de gestión para exigir obras definitivas es la que termina de condenar al vecino.
Ayer fueron más de sesenta minutos de caos. Mañana, si no se toma la decisión política de hundir las vías o elevar el tránsito, el descarrilamiento podría ser noticia por una tragedia humana que nadie podrá decir que no fue avisada. Gálvez ya no puede esperar más: o el tren se adapta a la ciudad, o la desidia terminará por asfixiarnos del todo.
