Al ignorar la ley, el Ejecutivo no solo recorta partidas, sino que hipoteca el futuro del país condenando a la próxima generación de profesionales a una formación en ruinas.
Por Arturo Mingolo
Cuando el presidente Javier Milei decide no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, no realiza un simple ajuste contable; incurre en una omisión deliberada de sus deberes. El incumplimiento de una ley vigente por la máxima autoridad sienta un precedente peligroso: la norma se vuelve opcional frente al dogma económico.
Un impacto crítico en tres niveles:
Quiebra de la calidad: Sin recursos para laboratorios e investigación, la calidad académica cae. Tendremos profesionales con menos herramientas técnicas y una formación diezmada frente a los estándares históricos argentinos.
Deserción por asfixia: Al eliminarse becas y servicios básicos, se expulsa del sistema a quienes ven en la universidad la única vía de ascenso social.
Ilegalidad institucional: Ignorar una ley del Congreso para forzar un ajuste vulnera la división de poderes. El presupuesto educativo es una obligación legal, no una sugerencia.
La brecha de la indignación: Números que hablan
La «matemática del desprecio» es exacta y se refleja crudamente en la Universidad Nacional de Rosario (UNR):
Salario docente: Un Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (40 hs semanales, doctorados y formación continua) cobra entre $850.000 y $950.000.
Canasta Básica: Según el INDEC, una familia tipo necesita aproximadamente $1.100.000 para no ser pobre.
Esto significa que un profesional con la máxima formación académica, dedicado por completo a la UNR, es pobre. El Estado incumple la ley pagando salarios de indigencia a sus científicos y maestros.
La educación superior no se recupera rápido. Un año de laboratorios cerrados o de docentes migrando al sector privado o al exterior significa una década de atraso. Los docentes no «eligen» irse; son expulsados por un sistema que dejó de valorar el conocimiento. Gobernar por fuera de la ley de financiamiento es, lisa y llanamente, desmantelar el capital humano de la Argentina.
